Corte Interamericana declara responsable a Ecuador por violencia sexual de autoridad escolar contra una adolescente

Miércoles 19 de agosto 2020

 

El viernes 14 de agosto 2020 se notificó la sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Ecuador en el primer fallo sobre acoso y violencia sexual ejercida contra una niña en el ámbito educativo, que resultó en el suicidio de la menor de edad. En el proceso internacional participaron como peritas las abogadas y académicas chilenas Lidia Casas Becerra, de la Universidad Diego Portales, y Ximena Gauché Marchetti, Subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción.

 

En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por: (i) la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, cometida por el Vicerrector del colegio al que asistía, que tuvo relación con el suicido de la niña; (ii) la violación de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial, en relación con el derecho a la igualdad ante la ley, en perjuicio de la madre y la hermana de Paola; y (iii) la violación del derecho a la integridad personal de las últimas dos personas.

 

La Subdirectora Ximena Gauché, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió con un peritaje sobre estándares de regulación y fiscalización de escuelas por los estados, y sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia sexual, incluyendo el acoso sexual en el ámbito escolar. La Dra. en Derecho explicó en relación al caso que “para una niña adolescente, quien como todas las niñas y niños tiene sueños, aspiraciones, planes y metas de vida, las consecuencias de ser víctima de violencia sexual en contextos patriarcales y machistas son enormes y están ampliamente documentadas por organismos internacionales. Si ello se produce además en el contexto del proceso educativo a que tiene derecho y dentro del plantel escolar encargado de ello, por los adultos responsables, se agravan exponencialmente las consecuencias. Más aún cuando se trata de hechos que se reiteran en el tiempo, habida consideración de la percepción y valoración del transcurso del tiempo en la infancia y adolescencia”.  

 

La Dra. Ximena Gauché agregó que “además, es necesario poner atención desde la perspectiva de los otros niños, niñas y adolescentes del entorno de la persona víctima. Prácticas de acoso sexual que puedan afectar a una o más compañeras, de parte de uno o más de los profesionales del plantel escolar a que asisten, pueden generar un impacto en quienes lo presencian o lo escuchan, generando miedo, ansiedad, vergüenza o rechazo, lo cual inevitablemente también afectará sus propios procesos de aprendizaje y puede afectar los procesos de denuncia y de investigación. Si se trata de un contexto marcado por la presencia de recurrentes prácticas, lenguaje o comentarios de carácter machista o estereotipados sobre roles de hombres y mujeres, la existencia de prácticas de acoso sexual podría llegar a ser vista como algo “normal”, naturalizando así un comportamiento vulneratorio de derechos para un niño, niña o adolescente. En una mirada global, la violencia en los planteles escolares y, específicamente el acoso sexual, afecta seriamente la cohesión social y las posibilidades de desarrollo y crecimiento de una sociedad local o nacional. Así las cosas, un estado debe responder por hechos de sus agentes conforme los estándares que profusamente se han desarrollado cuando se acreditan hechos que sean constitutivos de acoso sexual escolar".

 

En su sentencia, el Tribunal aceptó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado sobre a dos aspectos: a) la falta de adopción de medidas para la prevención de actos de violencia sexual en la institución educativa a la que asistía Paola Guzmán Albarracín, y b) la falta de actuación con diligencia debida en la realización de investigaciones administrativas y judiciales.

 

Como reparaciones estableció el tribunal que la Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación, decretando además que Ecuador debe brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a la madre y hermana, publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; otorgar en forma póstuma, el grado de Bachiller a Paola del Rosario Guzmán Albarracín, si así fuera aceptado por la madre; declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas; identificar y adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo, y pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización del daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos.

 

El resumen oficial de la sentencia  por la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede consultarse aquí y el texto íntegro puede revisarse aquí.